Cuando un particular o una empresa sufre un daño derivado de la actuación de una Administración pública, el ordenamiento prevé un mecanismo específico para su reparación: la responsabilidad patrimonial de la Administración. Tiene anclaje constitucional en el artículo 106.2 de la Constitución y se desarrolla en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en las normas de procedimiento de la Ley 39/2015.

Conviene partir de una idea que lo condiciona todo: no todo daño relacionado con una Administración genera automáticamente derecho a indemnización; el sistema exige que concurran varios requisitos. Este artículo explica cuándo puede reclamarse, qué debe acreditarse, de cuánto plazo se dispone y cómo se articula el procedimiento.

La responsabilidad patrimonial no solo se aplica en relación a las Administraciones Públicas, sino también con respecto a los órganos constitucionales del Estado (así lo ha declarado el Tribunal Supremo en relación al Tribunal Constitucional y al defensor del pueblo). Existe también una regulación específica sobre la responsabilidad del poder legislativo y del poder judicial. La responsabilidad en el ámbito del Derecho de la Unión Europea tiene caracteres propios.

¿Qué es la responsabilidad patrimonial de la Administración?

Es el derecho de las personas físicas o jurídicas a ser indemnizados por las Administraciones públicas por las lesiones que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor. Así lo recoge el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, que exige que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que el particular no tenga el deber jurídico de soportar el daño de acuerdo con la ley.

Es un sistema de responsabilidad objetiva: no es imprescindible acreditar culpa o negligencia de un funcionario concreto. Pero objetivo no significa automático, pues siguen exigiéndose los demás requisitos, en particular un daño real, un nexo causal con el servicio público y una lesión que el perjudicado no tuviera el deber de soportar.

¿Cuándo puede reclamarse? Requisitos de la responsabilidad patrimonial

Deben concurrir varios elementos, y la falta de cualquiera de ellos puede impedir la indemnización: una lesión antijurídica; un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado; relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público; ausencia de fuerza mayor; y que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar el perjuicio. El daño ha de ser efectivo —real y cierto, no meramente hipotético o eventual—, evaluable económicamente, de modo que pueda traducirse en una cuantía, e individualizado en una persona o grupo de personas, frente a las cargas generales que todos han de soportar.

La antijuridicidad y la relación de causalidad

La antijuridicidad se refiere al daño, no a la conducta de la Administración: lo determinante no es que esta haya actuado bien o mal, sino que el particular no tenga el deber jurídico de soportar el perjuicio. Por eso, el artículo 32 de la Ley 40/2015 precisa que la anulación de un acto o disposición no presupone, por sí misma, derecho a indemnización: que un acto se declare ilegal no implica que exista responsabilidad patrimonial, que exige además un daño efectivo, antijurídico y causalmente ligado a la actuación.

Debe existir una relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño producido. La mera intervención de una Administración no permite presumir por sí sola ese nexo: pueden concurrir la conducta de la víctima o de terceros, o circunstancias ajenas al servicio, que lo rompan o atenúen. La carga de acreditarlo recae, como regla general, sobre quien reclama.

¿Hace falta que el servicio público funcione mal?

No necesariamente. La ley admite la responsabilidad tanto por el funcionamiento anormal como por el normal de los servicios públicos, de modo que un servicio prestado correctamente puede ocasionar un daño indemnizable. Se trata de una responsabilidad objetiva. Sin embargo, esa amplitud tiene límites: la fuerza mayor excluye la responsabilidad, no son indemnizables los daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar y, conforme al artículo 34.1 de la Ley 40/2015, quedan fuera los daños que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de la ciencia o de la técnica, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer.

¿Qué daños pueden reclamarse?

Pueden reclamarse los daños materiales, los personales de carácter físico o psíquico y, en determinadas condiciones, los daños morales. La indemnización se rige por los criterios del artículo 34 de la Ley 40/2015, conforme a la reparación integral del perjuicio acreditado. La cuantía de la indemnización no se determina de forma automática, sino atendiendo al daño efectivamente acreditado y a los criterios de valoración legalmente aplicables. En los casos de muerte o lesiones corporales pueden tomarse como referencia, además, los baremos previstos en la normativa vigente en materia de indemnización de accidentes de circulación.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar? El plazo de un año

El derecho a reclamar prescribe al año, conforme al artículo 67 de la Ley 39/2015. Con carácter general, ese plazo se computa desde que se produjo el hecho que motiva la indemnización o desde que se manifestó su efecto lesivo final, y su transcurso puede impedir definitivamente la reclamación.

En los daños de carácter físico o psíquico rige una regla específica: el plazo no corre desde el hecho dañoso, sino desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas, pues hasta que el daño no se estabiliza no puede conocerse su dimensión. En esta línea, la Sala Tercera del Tribunal Supremo sitúa el inicio del cómputo en la fecha de estabilización de las secuelas con conocimiento del afectado. Identificar correctamente ese día inicial es una cuestión sensible y casuística, en la que tiene especial importancia la prueba.

¿Cómo se presenta una reclamación de responsabilidad patrimonial?

El procedimiento se inicia habitualmente a instancia del interesado, mediante solicitud dirigida a la Administración responsable del daño. El artículo 67.2 de la Ley 39/2015 exige especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad con el servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad —si fuera posible— y el momento en que la lesión se produjo, acompañando la proposición de prueba. Durante la instrucción, y conforme al artículo 81.2 de la Ley 39/2015, el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico resulta preceptivo cuando la indemnización sea igual o superior a 50.000 euros, a la cuantía que fije la legislación autonómica o en los demás casos legalmente previstos.

La prueba suele resultar determinante en la viabilidad de la reclamación: informes médicos o periciales, partes e historiales, prueba testifical, fotografías o documentación económica que acredite la realidad del daño y su valoración. La acreditación del nexo causal y la cuantificación del perjuicio requieren especial atención, por lo que conviene preparar la prueba desde el inicio.

¿Qué ocurre si la Administración desestima o no responde?

Transcurridos seis meses desde el inicio del procedimiento sin resolución expresa notificada, el interesado puede entender desestimada la reclamación a efectos de recurrir (artículo 91.3 de la Ley 39/2015). El silencio tiene aquí carácter desestimatorio, y frente a la desestimación cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición, o acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa.

En cuanto a los plazos, frente a una resolución expresa el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 fija, con carácter general, un plazo de dos meses. En cambio, ante el silencio negativo no cabe trasladar de forma automática el plazo de seis meses que ese precepto prevé para los actos presuntos: conforme a la STC 52/2014, de 10 de abril, no existe un plazo cerrado para impugnar un silencio negativo.

Cuándo conviene contar con un abogado especializado en Derecho Público y, en particular, Derecho Administrativo.

La viabilidad de una reclamación no depende solo de haber sufrido un daño, sino del análisis conjunto del alcance del perjuicio, su relación causal con el servicio público, la antijuridicidad de la lesión, la prueba disponible y el cómputo del plazo. Un examen temprano permite fijar el día inicial antes de que prescriba el derecho a reclamar, reunir la prueba cuando aún resulta accesible y valorar con realismo las posibilidades y la cuantía. Por la naturaleza técnica del procedimiento y las consecuencias de un error de plazo o de una prueba mal preparada, suele ser aconsejable contar con asesoramiento especializado desde el principio.