El 9 de septiembre de 2026 la Comisión Europea adoptó la propuesta de un nuevo Reglamento europeo de contratación pública, conocido como Public Procurement Act o Ley de Contratación Pública de la UE. No es todavía una norma en vigor:

Cuando un particular o una empresa sufre un daño derivado de la actuación de una Administración pública, el ordenamiento prevé un mecanismo específico para su reparación: la responsabilidad patrimonial de la Administración. Tiene anclaje constitucional en el artículo 106.2 de